El pilar social europeo: una buena brújula sin fuerza legal

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El próximo 17 de noviembre hará justo dos años que los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea firmaron en la ciudad sueca de Gotemburgo el “pilar europeo de derechos sociales”, o también llamado simplemente el “pilar social” de nuestra Unión. Con el plan de inversiones, esta fue una de las propuestas estrella de la Comisión Juncker, que, como todo el mundo sabe, acabará su mandato a finales de octubre, pasándole el testigo al nuevo equipo liderado por la alemana Ursula von der Leyen.

Buen momento, ya que entramos en periodo electoral, por lo tanto, para explicar el pilar social y sus efectos hasta la fecha. Históricamente, la dimensión social siempre fue descuidada en la Unión. Los esfuerzos siempre se centraron más en la dimensión económica, desde el mercado único en los años 80 hasta el euro con el cambio de siglo. Esto cambió con la crisis que empezó en 2008 en EEUU y que en la zona euro prácticamente no acabó hasta 2014. Algunos incluso argumentan, con cierta razón, que todavía estamos padeciendo las secuelas de la misma.

De lo que no cabe duda es que los efectos sociales, sobre todo en los países y las capas sociales más débiles del Viejo Continente, fueron devastadores y eso llevó al presidente de Alemania, Joachim Gauck, a lamentar en un discurso muy sonado de 2013 que la gente cuando escuchaba hablar de la UE solo oía el euro (o sea, la economía) y crisis. Pensemos en la prima de riesgo española que se hizo famosa por aquellos años. Gauck urgía a los líderes europeos a centrarse en la dimensión social, y Juncker (como político hábil que es) recogió el guante y al comenzar su legislatura en 2014 propuso construir el pilar social de la Unión.

Este pilar, que realmente es una carta de derechos sociales, está sustentado sobre veinte principios que son fundamentales para nuestra convivencia como europeos desde el punto de vista social y liberal. Estos principios están divididos en tres capítulos y el primero recoge todo lo referente a la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral. Aquí están la educación, la equidad de género y la ayuda a los desempleados.

El segundo capítulo se centra en unas condiciones de trabajo justas, y cubre salarios decentes, protección y conciliación laboral, y la inclusión de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas. Finalmente, el último capítulo trata de la protección social y la inclusión y cubre el salario mínimo, las pensiones dignas, la sanidad, la vivienda social, y los servicios sociales mínimos.

El listado es muy digno. Pero el problema es que no tiene ningún valor legal. Como dice el mismo preámbulo de la carta, se trata más bien de una brújula o guía para los estados miembros, que son realmente los que tienen competencias sobre estas materias. Y esto es importante entenderlo. La UE no puede obligar a ningún Estado a que cumpla con estos principios. Lo único que puede hacer es recomendar que se cumplan.

Con la crisis, por ejemplo, se ha introducido el semestre europeo. En los primeros seis meses de cada año la Comisión Europea discute con los Gobiernos de los Estados miembros las reformas que se deberían hacer y después publica sus propias recomendaciones específicas para cada país. Es altamente recomendable leer el informe del pasado junio para España. Ahí se destacan las siguientes deficiencias relacionadas precisamente con el pilar social de la Unión.

En España, «los servicios públicos de empleo siguen tramitando una proporción baja de las vacantes de empleo y es necesario realizar más esfuerzos por mejorar su utilización en la búsqueda de empleo y la colocación»; «los numerosos incentivos de apoyo a la creación de puestos de trabajo están teniendo efectos limitados a la hora de promover un empleo de calidad»; «la tasa de pobreza infantil, aunque decreciente, sigue siendo muy alta», y «la eficacia de las prestaciones sociales -excluidas las pensiones- para reducir la pobreza continúa siendo una de las más bajas de la Unión». Desolador.

Y hay más: «El gasto en investigación y desarrollo del sector empresarial en España asciende tan solo a la mitad de la media de la Unión»; «el índice de abandono escolar prematuro sigue siendo excesivamente alto en España, y las disparidades regionales son considerables»; «el carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España está impidiendo a las empresas beneficiarse de las economías de escala y está frenando la productividad»; y, para acabar (y no aburrir), «si bien la recuperación económica sigue conteniendo la pobreza, la situación requiere inversiones en políticas de inclusión social e infraestructuras sociales (por ejemplo, en vivienda social) a fin de lograr un crecimiento inclusivo».

Después de esto, queda claro que desde Bruselas se piensa que España tiene que hacer mucho para mejorar su pilar social. ¿Puede la Comisión obligar al Gobierno español a hacer esas reformas? De nuevo, la respuesta es no. Es por eso que muchos pensamos que necesitamos darle más poder a Bruselas para ejecutar las reformas.

Pero claro ninguna Nación tiene el despilfarro “autonómico” como tiene España, solo el coste de los gobiernos autónomicos. Ya no es cuestión sólo de los obstáculos que ponen 17 legislaciones diferentes que han roto la unidad de mercado y dificultan la recuperación económica y la creación de empleo; es que las autonomías nos cuestan más de 86.000 millones de euros cada año, que no sólo tienen que salir de nuestros bolsillos sino que quitamos a lo que realmente nos interesa: la educación, la sanidad, la garantía del sistema de pensiones… el estado del bienestar en definitiva.

No es para menos: las comunidades autónomas gestionan el 37% del total del gasto de la Administración, pero son responsables del 55% del coste en personal, con lo que en este punto nace un primer punto de distorsión. A ello habría que añadir las duplicidades administrativas, se estima en un 3% del PIB (unos 26 mil MLL) y las empresas a fines que solo sirven para colocar amiguetes. Es decir, entre las subvenciones que reciben y el dinero que pierden, el coste de las empresas públicas autonómicas superó los 52.000 millones de euros. Las subvenciones de todo tipo y a todo trapo que algunos la cifran sobre los 16 mil MLL y como no la corrupción 90.000 millones, el 8% del PIB. O esos otros 26 mil MLL del fraude fiscal de España.

¿Os imagináis de lo bien que se podría vivir en España si dispusieramos de esos 210 mil MLL?.

Energia
A caso esto no es una política criminal de precios de energía 

En Holanda, sin embargo, la visión es diferente. «Cuidado», nos dicen. Estos son problemas nacionales, y es peligroso que vengan los de fuera a decirnos cómo tenemos que organizarnos. A veces me pregunto si tienen razón.

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